Represión en Ituero de Azaba: un héroe de la Resistencia francesa
Ángel Iglesias Ovejero
En los pueblos del valle de Azaba no se ha comprobado una represión sangrienta tan feroz como en los pueblos limítrofes de Fuenteguinaldo y Casillas de Flores, sin ir más lejos, debido a la razón expuesta de los buenos oficios del párroco y quizá alguna otra persona influyente. En Ituero de Azaba solamente hubo dos víctimas mortales, indirectas con respecto a la represión franquista, aunque relacionada con el exilio al final de la guerra:
Adolfo Marcos Hernández, muerto en el campo de concentración de Hinzert (11/08/43), sin otros datos (MCU).
Celestino Alfonso (sin comprobar su segundo apellido), considerado un héroe de la Resistencia francesa contra los nazis alemanes. Había nacido en 1916 y, con su familia, emigrado a Francia, donde trabajaba como carpintero, estaba casado y tenía un hijo. Fue de los primeros alistados en las Brigadas Internacionales. Llegó a España el 27 de agosto de 1936, combatió como artillero y fue después comisario político de la 2ª Brigada. A su regreso a Francia en febrero de 1939 estuvo internado en el campo de concentración de Saint-Cyprien (Pirineos Orientales), pero al comienzo de la guerra europea fue movilizado con una compañía de trabajadores extranjeros. Pocos meses después fue detenido (17/01/41) y encarcelado en Tourelles (anejo de la prisión de Fresnes, cerca de París). De allí habría salido un mes más tarde para trabajar en Alemania, de donde regresó al cabo de unos meses y estuvo colocado en varias fábricas de la región parisina. Pronto sería jefe de grupo en los FTP-MOI (Franco-tiradores y partisanos – Mano de obra inmigrada), que bajo el mando de Boris Holban y Missak Manouchian intervino en varias acciones anti-nazis en torno a París y Orleans. Fue detenido el 28 de noviembre de 1943, juzgado en uno aparatoso proceso en el fuerte del Mont Valérien. Su fotografía figuraba en uno de los medallones que, a raíz de la muerte del general Julius Ritter, los nazis habían fijado en las carteleras murales de Francia: “Alfonso – español rojo – 7 atentados”. Fue fusilado con otros 21 camaradas (21/02/44); la única mujer del grupo, Olga Bancic, fue decapitada en la prisión de Stuttgart (10/05/44). Antes de ser ejecutado, Celestino dejó una carta para su familia en la que se declara orgulloso de morir por la causa que ha defendido, desea larga vida a sus padres, expresa el deseo de que su hijo reciba instrucción y recomienda a su esposa que venda la ropa que deje para conseguir algún dinero y recoja en un paquete los 450 francos que había retirado de un banco (La vie à en mourir. Lettres des fusillés (1941-1944), prologadas por J-J. Goldmann, escogidas y presentadas por G. Krivopissko, con introducción de F. Marcot, Éditions Points – Éditions Tallandier, 2006 [2003], 252-254).
En este pueblo de Ituero de Azaba la “limpieza política” se manifestó durante la guerra, debido principalmente a la ocupación de la finca de La Dueña antes del Alzamiento y a los conatos de oposición a éste, mediante la huelga y el intento de cortar la carretera para dificultar el paso de las fuerzas adictas a la sublevación militar (Iglesias, Represión franquista: 253, 320). La denuncia ante el Delegado de Orden Público de Ciudad Rodrigo llegaba con cierto retraso (03/10/38), cuando, si no apagada, la inquina derechista se suponía al menos enfriada. Los denunciados debían ser la mayoría de los jornaleros del pueblo, que, estando afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Tierra (“marxistas en masa”), se habían señalado en las mencionadas acciones:
En este pueblo de Azaba enclavado en su demarcación, donde se cometieron desmanes a granel antes del Glorioso Movimiento Nacional por los marxistas en masa en cuya agrupación figuraban la inmensa mayoría de los vecinos y se cometieron asaltos a la dehesa de la Dueña de este término, con huelgas tumultuarias, coacciones contra los patronos, amenazas de muerte a los derechistas, se realizaron procesiones enarbolando banderas comunistas que luego recogió la Guardia Civil, interceptando carreteras y otros muchos actos difíciles de relatar, no ha llegado todavía una sanción y ello es, sin duda, la causa del malestar que cada día se acrecienta y a evitar que la cuestión llegue a un terreno insostenible, siendo esta delación que rogamos tome en consideración, limitándonos exclusivamente a relatar superficialmente alguno de los hechos y de las personas más destacadas (C.307/39: f. 3).
Esta “delación” y el procedimiento que se siguió dan una idea del ambiente que se respiraba en la retaguardia franquista y del mecanismo de la “limpieza política” que en ella se practicaba. Y por ello vale la pena detenerse un poco en los avatares procesales contra los dos principales denunciados. En efecto, los denunciantes, que eran el alcalde en funciones entonces, Camilo García Méndez, el jefe local de Falange y guarda jurado de La Dueña, Narciso Benito Gutiérrez, y otros tres convecinos, José María Lobato, Vicente García y Gregorio González se cebaron sobre todo contra Francisco Rivero Carballo y Gonzalo Hernández Martín. La copia de esta denuncia iba incluida en una serie de diligencias que certificó Dionisio Martín Custodio, secretario habilitado del Juzgado Especial de Fronteras de Ciudad Rodrigo (10/03/39). De la información inicial se encargó un “juez especial”, que no era otro que el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez, quien luego se inhibiría, como solía hacer en otras ocasiones, en beneficio de un juez instructor militar. Ambos denunciados siguieron los mismos pasos en este proceso que los llevó hasta un consejo guerra (30/09/39), en el que tuvieron suertes dispares.
Francisco Rivero Carballo, de 35 años, soltero, jornalero, había sido presidente de la Sociedad Obrera, y, como tal, según sus convecinos delatores, presentaba la imagen del perfecto izquierdista antes del Movimiento. Había sido abanderado comunista, amigo de Manso, inductor de los “asaltos” a la dehesa de La Dueña (que habría tenido lugar el 13 de abril de 1936, víspera del quinto aniversario de la proclamación de la República, pero en esta acción, paradójicamente, no intervino presencialmente Francisco Rivero, “por tener consigna de ir a Ciudad Rodrigo a entrevistarse con los dirigentes y satélites del Sr. Manso”, según el segundo informe del alcalde [C.307/39: f. 30vº]). Después seguía esperando el fracaso de Franco, con una desafección contagiosa, pues su familia se negaba a recibir los emblemas de Auxilio Social, y proclamaba que si tenía dos hermanos que estaban en el frente franquista “no es por sus ideas” (C.307/39: f. 3), frase ésta que más delante se atribuye a la madre, Francisca Carballo Tendero. Cada uno de los delatores había aportado su granito de arena para este cúmulo de presuntos delitos, que intencionalmente se irá incrementando, pero no corrigiendo, en las declaraciones ulteriores de todos y cada uno de aquéllos. Narciso Benito ratifica la denuncia, declarando de un modo perogrullesco que ha presenciado todo, menos aquello que dijeron o sucedió en su ausencia, frases dichas por el denunciado, rechazo en su familia de las insignias falangistas. Gregorio González Antúnez recuerda que Francisco Rivero le dijo a él personalmente y refiriéndose a la guerra “que no había que perder las esperanzas” (f. 4), en un contexto bélico que debía de corresponder a la batalla del Ebro (de julio a noviembre de 1938), lo cual accesoriamente también prueba que en estos pagos de la retaguardia nacionalista se seguía con temor y esperanza la evolución del conflicto, una curiosidad que los militares y sus comparsas castigaban con gran severidad. La autoría del dicho también la corrobora Víctor García Hernández, aunque sólo de habérselo oído contar a un vecino, Genaro Martín, quien a su vez declara haberlo oído en una conversación que Francisco Rivero mantenía con su convecino Gurmesindo Galán, aunque comentaba por su cuenta el contexto y las circunstancias agravantes que habían hecho de este denunciado “el cabecilla marxista de Ituero” (f. 4vº).
En esta cadena de la oralidad sobre hechos y dichos de difícil comprobación, pero de los que dependía el destino de Francisco, también intervino Wenceslao Casanueva (párroco de Campillo de Azaba) con su informe, sobre todo para poner de relieve una injuria de la que decía haber sido objeto por parte de aquél, la cual no especificaba, hecho al que también aludiría más adelante el informe de la Guardia Civil. Casi un año más tarde el Párroco recuperaría toda su elocuencia y no sólo se extendía sobre este episodio (presuntas amenazas verbales), sino también sobre otros de los que solamente tenía noticia por rumores, con un recuerdo piadoso para “el indeseable Manso q.e.p.d.” (f. 40). Los informes del juzgado de Ituero, tanto del fiscal Rogelio García, como del juez Isidro Hernández, también abundaban en el contenido de la denuncia globalmente. En cambio, el alcalde José Benito Alfonso practicaba una enumeración circunstanciada de los presuntos y ya señalados delitos de Francisco Rivero como presidente de la Sociedad Obrera, a lo que añadía la denuncia que Francisco había presentado en Ciudad Rodrigo contra el jefe local de Falange, Narciso Benito, quizá porque este último lo habría amenazado.
En sustancia este informe del alcalde pretendía ser un cuadro de la situación local antes y durante el Movimiento, cuyo antagonista había sido Francisco Rivero, ayudado en la primavera de 1936 por agentes exteriores, personalidades relevantes de Salamanca y Ciudad Rodrigo, que se dejaban ver o entrever en Ituero: Manso, Gaite, Oliva y Cenizo, aunque el izquierdismo de este último está lejos de ser evidente. Posteriormente al Alcalde no se le olvidó rematar este trabajo de demolición de Francisco con el añadido de algunos brochazos sobre la resistencia inicial contra el Movimiento mediante la huelga y el corte de carretera en que había intervenido un “tropel” de jornaleros, cuyo liderazgo también pusieron en el saldo negativo de Francisco otras declaraciones e informes posteriores. Gregorio González lo recordaba liderando la huelga al frente de los socios para impedir que nadie saliera al campo a trabajar y arengando a todos a que le siguieran para conseguir el objetivo de bienestar económico “sin trabajar”. Tomás González Calzada, secretario del Ayuntamiento, añadía que también obligó a cerrar los establecimientos públicos y que de la Casa del Pueblo salieron los mozalbetes para frenar el Movimiento mediante la intercepción de la carretera.
Francisco Rivero en sus declaraciones (15/06/39), algo demoradas, pues llevaba en prisión cuatro meses (13/02/39, decreto de detención), había tratado de atenuar la responsabilidad en los hechos que sus delatores le atribuían, pero lógicamente no podía negar la pertenencia a la Casa del Pueblo, de la que había sido presidente, y su afiliación al Sindicato de Trabajadores de la Tierra, aunque pretendía ignorar que esto pudiera tener implicación política. Negaba su participación en el corte de la carretera en el intento de resistencia al Movimiento. En cambio, tenía que admitir el hallazgo de una “bandera de color” en un registro notoriamente practicado en su casa, aunque sin especificar el color e insinuando que se la había llevado un tal José Juan (croniquilla del pasado día 17). Este último había sido presidente de la Casa del Pueblo de Espeja, procesado y a la sazón preso, por lo que la declaración de Francisco Rivero ya no le causaba perjuicio, pero con esta disculpa no hacía más que convencer a sus represores de que era un líder local, bien relacionado con otros de la comarca. Algunos testimonios le ayudarían en esta labor de atenuar el alcance de los cargos vertidos contra él. Gumersindo Galán, a propósito de la guerra, negó por dos veces que Francisco le hubiera dicho que “no había que perder las esperanzas” (f. 12, f. 28), pero no era un testigo muy fiable para los represores, pues él mismo había pertenecido a la UGT y había sido tesorero de la Casa del Pueblo. Menos sospechoso sería el testimonio de Constantino Martín, un presunto perjudicado por las acciones de Francisco Rivero, pues negó que éste, el día de la huelga, lo obligara a cerrar su comercio y tampoco recodaba haberlo visto en el “tropel” de los que fueron a interceptar la carretera (f. 15).
El análisis de esta documentación lleva a pensar que Francisco Rivero antes del Movimiento había sido un líder local consecuente con su afiliación sindical, quizá no un modelo de buenos modales o de comportamiento, según los criterios del Cura y la Guardia Civil. Después del Movimiento pretendía seguir manteniendo y expresando su propio criterio, sin medir que esto era un privilegio utópico en el Nuevo Estado de Franco, ya triunfante cuando se celebró el consejo de guerra (30/09/39), presidido por el coronel Rogelio López Valdvielso. Fue condenado a 20 años de prisión, por “adhesión a la rebelión”, que le fueron conmutados por 6 años (07/05/43), en parte cumplidos en la cárcel de Sevilla, pues, cuando le llegó la notificación en Ituero, ya estaría en libertad condicional, “por Disposición de la Dirección General de Prisiones desde el día 9 de agosto de 1941” (C.307/39: f. s. n.).
Gonzalo Hernández Martín, de 32 años, casado, jornalero, afiliado a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, según la denuncia colectiva, era un “exaltado comunista de acción”, aunque los cargos concretos se reducían a dos o tres acciones. En la ocupación de la Dueña había amenazado al alcalde con una “azada”, que en declaraciones posteriores será “un palo” o “una porra”; en una despedida de mozos llamados a filas en marzo de 1937 habría aconsejado a un hermano suyo llamado Eufronio y a otro llamado Sebastián Hernández que se pasaran a la zona republicana en cuanto pudieran; y de un modo habitual practicaba el contrabando, “confabulado con los portugueses” (C.307/39: f. 3vº). Esto último era un mal endémico en la Raya, así que en las declaraciones posteriores los denunciantes no insistirían demasiado en ello, pero en lo demás sí añadieron circunstancias que probarían la peligrosidad y desafección hacia el Movimiento por parte del denunciado.
Narciso Benito, que en la denuncia solamente confirmaba genéricamente dichos cargos, posteriormente consideraba a Gonzalo Hernández protagonista de la ocupación y roturación de La Dueña, describiendo la actitud amenazante del mismo “con un palo” (f. 23). Este denunciante coincidía con el alcalde en funciones entonces, Camilo García, que habría sido amenazado en La Dueña como los concejales, y con Vicente García en que la incitación a los mozos para que desertaran no la oyó, sino que la transmitió un capataz de nombre Florencio, “que vive en el barrio de Chamberí en Salamanca” (f. 31), pero luego no apareció por parte alguna cuando lo citó el juez. Este último rumor también lo recogía el parte del cura Wenceslao Casanueva. Los informes del juzgado municipal de Ituero señalaban que Gonzalo pertenecía a la Casa del Pueblo, sin entrar en los demás detalles, y el del alcalde, además de las amenazas en la Dueña y la frase que revelaba su desafección al Movimiento, volvía sobre la acusación genérica de que Gonzalo era “avanzado comunista” (f. 5vº). Los testigos posteriormente citados por el juez militar, que eran los mismos individuos e instancias denunciantes, con algún otro añadido, ratificaron lo que decían haber visto u oído, como Gregorio González, quien reiteraba los cargos, aunque “no puede concretar nada, porque [Gonzalo] estaba casi siempre en el campo” (f. 19vº). Y a este tenor se expresaban el secretario Tomás Calzada y los declarantes ya citados.
En su primera declaración (Ciudad Rodrigo, 10/02/39), Gonzalo Hernández admitió que estuvo en la roturación de La Dueña, pero negó las amenazas por su parte al alcalde y los concejales, así como la incitación a dos mozos para que desertaran y su propia implicación en actividades de contrabando (f. 6). En todo ello, globalmente, se ratificaría cuatro meses más tarde, admitiendo también su afiliación sindical, sin intervención en manifestaciones ni activismo político, lo que reiteró en la declaración indagatoria posterior (28/08/39). Para entonces ya le habían allanado algo el camino Sebastián Hernández Morán y su propia esposa Eufemia Sánchez Mateos. El primero era uno de los soldados presuntamente incitados a desertar del Ejército franquista por Gonzalo, extremo que Sebastián negó, aunque su testimonio resultara sospechoso por ser él mismo antiguo socio de la Casa del Pueblo (f. 27vº), con todo algo más fiable que el otro soldado, Eufronio Hernández, hermano del procesado, y sin duda por ello no citado a declarar. Eufemia Sánchez había enviado una instancia al Auditor de Guerra en súplica de libertad para su marido argumentando lisamente: “en atención al número de hijos y teniendo en cuenta que la acusación, al parecer, no tiene mucha importancia” (f. 35). Gonzalo y Eufemia, así como los cuatro hijos menores de edad que tenían, tuvieron más suerte que otros procesados en circunstancias parecidas. El mencionado consejo de guerra (30/09/39) no retuvo contra este padre de familia el delito de “excitación a la rebelión”, que reclamaba el fiscal, y sentenció su absolución.
El resultado de esta sentencia quizá tendría un efecto benéfico para los otros antiguos socios de la Casa del Pueblo, pues los derechistas locales no se sentirían estimulados a practicar las denuncias por ellos programadas. De modo que la represión en Ituero de Azaba, descontado Aurelio José Juan (represaliado con los vecinos de Espeja), afectó a 8 personas:
-víctimas mortales: 2 (indirectas)
-víctimas carcelarias: 4
-multados: 2.
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