Represión en Espeja: una saca fallida ejemplar
Ángel Iglesias Ovejero
En Espeja no hubo una represión cruenta, como era de temer debido a la proximidad de la frontera portuguesa, la estación de ferrocarril y, sobre todo, las secuelas del antiguo régimen, como territorio de baldíos comunales que, a raíz de la desamortización del siglo XIX, terminaron en poder de latifundistas, una vez que se desprendieron de aquellos terrenos los ayuntamientos a los que se habían adjudicado. Los encontronazos entre los terratenientes y los jornaleros agrícolas, sobre todo los sindicalistas de la STT, estaban a la orden del día en 1936, aunque entre los amos habría personas más o menos sensibles a las quejas y exigencias obreristas, pues como afirma el informante Patrocinio Alonso, que se declara antiguo “criado del general Pacheco” en la finca de “El Rual” (Pinar de Pacheco): “Mi universidad fue un cortijo, y he conocido gente buena, pero también muchos sinvergüenzas” (E 2012). Si no hubo males mayores, los espejanos deben agradecérselo al párroco, Julián Hernández Ramajo, y a Julián Bordallo Carrelo, cabo de Carabineros (Iglesias 2016b: 320, 412 y 447). Los testimonios orales presentan al primero como un héroe, que se habría “negado a firmar la lista” y, ante la insistencia de los victimarios (“el Quemao”, “el Salvador”, “el Carcelero”, etc.), se habría desabotonado la sotana y mostrando el pecho habría dicho que “antes lo tenían que matar a él”.
De hecho la represión en Espeja se inició a finales de julio, con registros y detenciones que afectaron al maestro Restituto Alejano Fonseca y a directivos de la Casa del Pueblo, entre ellos a su vicepresidente, Nicolás Iglesias Vicente (C.50/37, Inf.E/36). La represión sistemática se proseguía en octubre, con la denuncia, detención y proceso de este mismo maestro (C.644/36), seguida en el mes de noviembre de la detención, intento de asesinato y procesamiento de Aurelio José Juan, presidente de la Casa del Pueblo (infra). La presunta protección que, según los represores, recibían estas dos víctimas por parte del cabo Julián Bordallo, acarrearía probablemente la desgracia de éste, que en el mes de diciembre debió de ser sustituido por agentes de la Guardia Civil llegados de fuera, el sargento Juan Vázquez Hernández y el cabo Raimundo Toribio Pacheco, comandantes respectivos de los puestos de Miranda del Castañar y de Fuentes de Oñoro. A primeros de diciembre estos agentes se encargaron de la detención de Celestina Alejano, hermana del maestro Restituto, y de otros 15 vecinos de Espeja, de un total previsto de 22, entre los cuales se hallaban la directiva al completo y otros socios de la Sociedad Obrera (STT), siendo los peor parados los mencionados Celestina Alejano y Nicolás Iglesias, vicepresidente de dicha Sociedad, juzgados y condenados en consejo de guerra. Algunos de los otros detenidos entonces serían multados y volverían a pasar por la cárcel más tarde. Y sin duda la represión se completaría con nuevas detenciones en 1937, comprobadas en otras tres víctimas.
La saca fallida de Aurelio José Juan, de 33 años, natural de Ituero de Azaba y vecino de Espeja, jornalero, presidente de la Casa del Pueblo, se conoce por el sumarísimo que después se le instruyó (C.1322/36). Dicho procedimiento corrobora el modus operandi que se suele describir en los testimonios orales sobre la caza de izquierdistas. Había sido presidente de la STT antes y durante el gobierno del Frente Popular. Además, según los represores y algún “propietario” rencoroso, tenía antecedentes penales por tenencia ilícita de armas. Éstos serían los pretextos de los interrogatorios efectuados en su domicilio y en la finca de La Dehesita, que habían tenido en arriendo los miembros de la Sociedad Obrera y donde sospechaban los represores que tenían armas escondidas las personas que ellos mismos andaban buscando, después de haber tenido éstas que abandonar sus hogares. La primera visita domiciliaria la efectuaron falangistas y guardias civiles el 17 de noviembre de 1936, sin conseguir la información que buscaban. A los falangistas no debió de satisfacerles este resultado ni probablemente el método del interrogatorio, pues no era la primera vez que se requisaban armas cortas y escopetas. El cabo Julián Bordallo, comandante del puesto de Carabineros, dejaba hacer a los milicianos fascistas de Ciudad Rodrigo, quienes se las entregaban a su jefe, Ernesto Bravo, pero el mencionado Cabo no estimaba necesarias más pesquisas ni dar parte a la superioridad militar. Por esta razón, los falangistas implicados dejarían caer sobre Julián Bordallo la sospecha de que protegía a los izquierdistas que tenían armas, lo que probablemente acarrearía la desgracia de este carabinero, antes evocada.
En la segunda visita el mismo día 17 de noviembre, sobre las 10 de la noche, se presentaron en casa de Aurelio, a “tomar una declaración”, tres jovencísimos falangistas, Salvador González García, de 21 años, Guillermo Toribio Vicente, de 19, y Pedro Zaballa Velasco, de 16, acompañados de un guardia civil de paisano, Antonio Toribio Vicente, probablemente hermano de Guillermo (el padre de ambos sería quizá un rico de pueblo, a quien algún declarante en los procedimientos seguidos contra Celestina Alejano señala como enemistado con ésta y sin duda su familia, debido a que un guardia civil hermano de la primera se había casado con una hija de aquél, quien no aprobaba el matrimonio y había desheredado a su hija). Este guardia civil estaba convaleciente en Ciudad Rodrigo de heridas recibidas en el alcázar de Toledo, razón por la cual lo llamaban o se hacía llamar “el Héroe”, aunque lo más notable fue que “revolvió la mierda en el pueblo”. No iba con ellos Anastasio Rodríguez Pacheco, que había estado presente en otros registros, y probablemente los dirigía, si como afirman los testimonios orales, era el jefe de Falange en Espeja (E 2012). Según las diligencias expuestas por el mencionado cabo, que recogió la declaración de los tres falangistas, para el trámite de esta segunda visita, los jóvenes ejecutores sacaron a su víctima para la mencionada Dehesita, aunque no explicaron el motivo de esta salida a una hora intempestiva y, ya sin luz, poco adecuada para buscar armas presuntamente escondidas. Tampoco explican qué métodos siguieron para hacer declarar a su preso que pertenecía al Partido Comunista y su jefatura local del mismo, después de cachearlo y quitarle una navaja de cortar pan. El interrogatorio quedó perturbado, según ellos, por silbidos y risas cercanos de presuntos cómplices, circunstancias aprovechadas por el detenido para salir huyendo. Entonces, en lo que parece aplicación criminal de “la ley de fugas”, dispararon contra él, sin conseguir detenerlo, pero renunciaron a la persecución por temor a una emboscada, como posteriormente declaró el guardia civil. Obviamente, esta huida daba pie para la teoría habitual en estos casos de que el fugitivo se juntaba con otros emboscados, para organizar la resistencia armada y así justificar asesinatos en el campo. Las averiguaciones del Cabo llevarán al domicilio de Benito Plaza Benito, suegro de Aurelio, donde éste se hallaba escondido con dos heridas de bala, una en el pie y otra en la pierna del lado izquierdo, según el análisis del médico, sin que éste consiguiera extraerle la bala del pie. Estas diligencias del mismo Cabo incluyen una declaración del herido, cuya versión de los hechos parece más verosímil en lo que atañe a la obligada salida de su domicilio, las manos en alto, la paliza para obligarle a declarar, los disparos a poca distancia por parte de los falangistas (y no de uno solo) y, ya herido, su propia fuga a rastras por entre juncos y zarzas, hasta que lo socorre su hermano Ángel y lo lleva en una caballería a casa del suegro (C.1322/36 : f. 5).
Aurelio José Juan se encontró así en manos de la justicia militar, circunstancia que de momento le salvaría la vida, aunque su encuentro con ella supuso los sobresaltos más o menos habituales de las víctimas del terror legalizado. Permaneció unas dos semanas en el pueblo, herido y con una bala incrustada en el pie izquierdo, a la espera de un medio de locomoción que lo trasladara a un centro médico adecuado, el Hospital Provincial de Salamanca, adonde lo llevaron detenido el día 3 de diciembre de 1936 y donde le dieron de alta al cabo de un mes (02/01/37), e ingresó en prisión oficialmente dos días más tarde. Para entonces sus agresores ya hacía tiempo que habían ratificado y ampliado sus declaraciones ante el juez (30/11/36), reconociéndose Salvador González como autor de los disparos e insistiendo sus acompañantes en el detalle de que Aurelio durante el “interrogatorio” había aludido al bombardeo de Salamanca en son de amenaza (en referencia probable a un bombardeo de la Aviación Republicana el día anterior, 16 de noviembre 1936). El preso, por su parte, matizó ante juez militar que no pertenecía al Partido Comunista, sino al Partido Socialista, del que era presidente en Espeja, y añadió que en la primera visita de los falangistas y los guardias civiles a su casa, al no obtener la información que buscaban, le dieron un plazo para que él la consiguiera (un procedimiento también señalado en los testimonios, por ejemplo, de Felipe Rastrero en Casillas de Flores), y así se produjo la segunda visita de los tres jóvenes falangistas, sin guardias de uniforme, pero en compañía de uno de ellos vestido de paisano (C.1322/36: f. 10vº).
Las otras diligencias de este proceso interesan, tanto o más que para el esclarecimiento de las circunstancias particulares relativas a Aurelio José, por la información que aportan sobre la búsqueda de armas en los días posteriores al Movimiento y el apoyo que prestaban los falangistas de Ciudad Rodrigo a los falangistas locales, según el informe de la Guardia Civil. También es muy interesante el informe del “propietario” Rafael Vicente Martín, que había sido alcalde hacia 1931-1932 y en los testimonios orales se menciona como “don Rafael el Rico” (E 2012). Dicho terrateniente acusaba a Aurelio y a los sindicalistas locales de interrumpir las sesiones del ayuntamiento “para hacer peticiones absurdas” y de haber llegado a amenazar en una ocasión al alcalde y algunos concejales, por lo cual había sido multado con cinco pesetas. El mismo testigo denunciaba que él mismo había sido amenazado otra vez a la puerta de su propia casa y exponía con detalle cómo los socios de la Casa del Pueblo le exigieron jornales abusivos el 30 de mayo de 1936.
Así pues, dentro de su desgracia, Aurelio José Juan fue un afortunado, pues se libró dos veces de la muerte, primero en una saca extrajudicial y después en una posible ejecución por sentencia de consejo de guerra, al serle conmutada la pena capital. Por ello, y debido a la decidida intervención del párroco y del cabo de Carabineros, antes mencionados, el necrologio de Espeja solo incluye “una víctima de los Nazis”, indirecta, que, en forma anónima recuerda la tradición local (E 2012):
Agustín Rivero García, muerto en el campo de concentración de Dachau (14/02/42, Ministerio de Cultura).
Se contabiliza con las víctimas avecindadas en Ciudad Rodrigo a Martina Iglesias Molinero, nacida en Espeja, hija de los represaliados Vicente Iglesias y Petra Molinero, muerta oficialmente de enfermedad, o quizá asesinada, en la prisión de Saturrarán (25/02/40) (Iglesias 2016b: 543). No se incluye aquí tampoco la muerte de un portugués en La Raya, que, con posterioridad al contexto bélico, mencionan los vecinos de Espeja; sin duda un contrabandista abatido por disparos del “carabinero Barahona, casi por un accidente” (E 2102).
A diferencia de la relativa limitación de la represión sangrienta, la “limpieza política” fue muy intensa, tanto por la vía jurídica militar como por la gubernativa. El balance provisional de afectados por la represión se eleva a 31 víctimas:
-víctimas mortales: 1 (indirecta)
-presos y detenidos: 25
-depurados: 7 (2 presos)
-sancionados, embargados: 7 (presos).
En Campillo e Ituero de Azaba la represión fue similar a la Espeja, como podrá apreciarse en la croniquillas de los próximos días.
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